En una reciente sesión del Parlamento iraquí, se aprobaron una serie de enmiendas a la ley contra el trabajo sexual, que incluyen disposiciones para penalizar las relaciones homosexuales y las expresiones transgénero. Estas medidas han generado una ola de críticas y polémica internacional por la normalización de estas posturas a nivel global.
Según los argumentos presentados por el Parlamento iraquí, estas enmiendas son necesarias para salvaguardar «la decencia moral en la sociedad iraquí», en respuesta a lo que describen como «llamamientos a la homosexualidad que han invadido el mundo». El presidente interino de la Cámara baja de Irak, Mohsen al Mandalaui, respaldó estas medidas como un esfuerzo para proteger los valores de la sociedad y de los niños, calificando dichas conductas como «depravación moral».
Las nuevas disposiciones legislativas establecen duras penas para las personas denominadas como LGBTQ+. Las relaciones homosexuales consensuadas serán penalizadas con entre 10 y 15 años de prisión, mientras que promover relaciones entre personas del mismo sexo resultará en una condena de entre uno y tres años de cárcel, junto con una multa significativa. Además, se sanciona el «comportamiento afeminado» de los hombres.
La aprobación de estas medidas ha recibido duras críticas de organizaciones de derechos humanos. Rasha Younes, codirectora interina de Human Rights Watch (HRW), condenó la aprobación de las nuevas prohibiciones, afirmando que refuerzan un historial de violaciones de derechos contra las personas LGBTQ+ en Irak. También advirtió que empeoran aún más la situación del colectivo en el país, quienes ya enfrentan violencia y amenazas por parte de grupos armados y religiosos.
Estas enmiendas representan un retroceso en la protección de los derechos fundamentales en Irak. A pesar de la presión internacional y las críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, el Parlamento iraquí ha optado por aprobar estas medidas, que amenazan la libertad y la dignidad de las homosexuales en ese país.
